Antecedentes
 
 
 

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Lima
Las invasiones
y los
invasores

 
 
 
Historia de una ciudad: Villa El Salvador, Lima - Perú
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Crisis
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Antecedentes

Lima: las invasiones y los invasores

Las invasiones eran un fenómeno social y político muy agudo en esos años.
Grupos organizados de pobladores sin vivienda se ponían de acuerdo y una noche ocupaban un terreno que previamente había sido estudiado y evaluado. La mañana amanecía con las chozas de esteras y las inevitables banderitas peruanas, que señalaban el derecho de posesión al que los invasores aludían implícitamente. Las banderas estaban allí para señalar a los representantes del poder, policías y funcionarios, que tenían una común nacionalidad con los invasores y por lo tanto un derecho común al suelo público.
Dependiendo de la suerte, seguía un intento de desalojo, a través de un choque con la policía y muchas veces algunos muertos. Pasados unos días y dependiendo de las fuerzas exhibidas en el conflicto, venía una negociación con el Estado y con cierta frecuencia los invasores eran autorizados a quedarse.

Estas invasiones agitaban los temores de los propietarios,  quienes veían realizarse una pesadilla: que un buen día los “cholos” levantaran chozas en sus barrios, cerca de sus mansiones o, peor, que directamente se tomaran sus propiedades.
Los partidos políticos no estuvieron detrás de las invasiones. De hecho, pocas veces los organizadores de las barriadas tenían afiliación política, aunque tenían una seria disposición por el liderazgo y no eran extraños a los mecanismos del poder político en el Perú. Ellos habían hecho su entrenamiento como líderes en las asociaciones provinciales. Es decir, en losclubes departamentales se juntaban pobladores sin vivienda, muchas veces familias jóvenes recién constituidas y cuando sumaban una masa crítica de potenciales invasores entonces pasaban a la acción y se tomaban un terreno en los arenales que rodeaban Lima. Muchas veces estos potenciales invasores eran reunidos por organizadores con amplia experiencia en la dinámica de las invasiones y la negociación con el Estado.

Ocurría que había quienes tenían experiencia en el trato con ambas partes, invasores y funcionarios públicos, y que frecuentemente ganaban unos lotes en las barriadas en formación gracias a sus trámites. Estos lotes posteriormente los vendían y obtenían una modesta ganancia como recompensa por sus servicios. Así, a las familias de provincianos con ur­gente necesidad de vivienda hay que sumar a un grupo de profesionales de las invasiones que muchas veces fueron llamados traficantes de lotes.
Asimismo, es necesario tomar en cuenta que la participación en los clubes provincianos estaba reforzada por el parentesco. Ocurría que muchas veces estos paisanos eran además parientes entre sí, lo que hacía de sus redes efectivos mecanismos de solidaridad. A estos núcleos de invasores que se reunían alrededor de redes tradicionales, se juntaban algunas veces otros dirigentes con mayor experiencia sindical y en esas ocasiones a través de ellos llegaba la lejana influencia de los partidos de oposición: el APRA y los grupos comunistas. En algunas parroquias de base, la Iglesia Católica ofreció su manto protector a estos grupos de invasores.

La ley 13517, llamada de Remodelación, Saneamiento y Legalización de Barrios Marginales.

Esta ley era fruto de la conjunción de tres fuerzas: primero, de la lucha de los nuevos migrantes, quienes en busca de vivienda propia estaban produciendo una tremenda oleada de tomas e invasiones; segundo, de la presión de Beltrán por ordenar el negocio de bienes raíces; y tercero, de la iniciativa profesional de quienes como Arca Parró tenían una opinión técnica fruto del estudio de la explosión demográfica. No fue entonces casualidad que esta ley haya sido el instrumento legal más influyente en el curso de la urbanización moderna en el Perú.

De acuerdo a la ley 13517, se declaraba de utilidad pública la remodelación, saneamiento y legalización de los barrios marginales. La ley encargaba estas tareas a la CNV. Así, la ley era un compromiso del Estado con los pobladores de las barriadas para establecer un trámite, al final del cual se conce­dería la titulación de cada lote, que les otorgaría el pleno de­recho a la propiedad privada. A la vez, la ley ordenaba que la CNV diseñara urbanizaciones populares y anunciaba que no se volverían a permitir las invasiones. Así, la ley trataba a las barriadas como excepciones; aquellas existentes serían regularizadas, pero no se volverían a tolerar.

La ley 13517 aceptaba implícitamente que el Estado no construiría vivienda sino que ésta sería levantada mediante autoconstrucción por la propia población.

Si bien la ley Nº 13517 prohibió la formación de nuevas barriadas y restringió su saneamiento a aquellas surgidas hasta 1960 con la finalidad de desincentivar nuevas invasiones, no se logró dicho resultado dado que la ley, a pesar de las restricciones establecidas, incrementó la seguridad y estabilidad del derecho expectaticio de los pobladores; de manera significativa para aquellos amparados por la norma (barriadas formadas hasta 1960), pero también para las nuevas invasiones, ya que generó la expectativa de que en el futuro se expidiera una norma semejante que permitiera regularizar su situación.
Posteriormente los hechos confirmaron esta expectativa, porque el plazo para regularizar la condición de poseedores informales se amplió un sinnúmero de veces.
Otro factor favorable fue el reconocimiento oficial de las asociaciones vecinales que otorgó la Junta Nacional de Vivienda a partir de 1963, reconocimiento que tiene como objetivo facilitar la labor de la Junta que se proponía ejecutar en cumplimiento de la Ley 13517. Finalmente, el mensaje transmitido por el Estado fue que seguiría reconociendo y validando la invasión de terrenos, y en ese sentido creando un mecanismo legítimo adicional para acceder a la propiedad: la invasión.

Pero la ley, que quería evitar que la población se asentara espontáneamente en cualquier terreno preveía que la CNV diseñaría cuando menos un plano de asentamiento y mínimos servicios públicos.
Como el Estado no pudo cumplir con la construcción de los servicios, durante la década de 1960 las invasiones siguieron siendo la modalidad más frecuente de formación de urbanizaciones populares, pero interesa remarcar un punto: la ley le encargaba a un organismo técnico del Estado la responsabilidad de diseñar barrios para controlar y dirigir la presión demográfica.
Ese punto es clave, porque es el fundamento legal de las barriadas asistidas por el Estado, de las cuales Villa El Salvador constituye el principal exponente.

El primer gobierno de Belaunde, en el esfuerzo por desviar las migraciones, trabajó para que no se promovieran nuevas barriadas ni se construyeran grandes obras públicas en las antiguas.
El gobierno no quería hacer más atractivas las barriadas, porque en su lógica ello atraería nuevos migrantes hacia las ciudades costeras. A causa de esta orientación, la ley 13517 perdió impulso. No se la derogó, pero tampoco se aplicó con entusiasmo. Además, al no construirse servicios públicos tampoco se podía otorgar títulos definitivos de propiedad a los pobladores  de barriadas. Este entrampamiento legal dio curso a un conflicto social que se desarrolló durante la fase final del primer .gobierno del arquitecto Belaunde.
En efecto, los pobladores de barriadas estaban muy frustrados porque al comenzar el régimen de AP habían esperado obtener rápidamente sus títulos de propiedad individual. Pero pasados cinco años y estando en vísperas de terminar el gobierno esta expectativa no se había materializado para la mayoría de los pobladores de barriadas. Esa fue la causa de un sordo malestar social que se expresó a lo largo de 1968.

Ese año se produjeron marchas de los pobladores de San Martín de Porras para exigirle al gobierno la entrega de títulos. Esas marchas se desarrollaron desde  julio hasta  octubre de ese año y en cierto sentido fueron el preludio social del derrumbe del régimen acciopopulista, que fue derrocado por el golpe militar conducido por el general Juan Velasco el 3 de octubre de 1968.
Las frustraciones de los pobladores de barriadas eran mayores porque el gobierno sí construyó un gran complejo habitacional para sectores mesocráticos en San Felipe. Esta obra fue parcialmente financiada por el gobierno, que colabo­ró con algo menos del 15% del financiamiento. El resto fue cubierto por los mismos interesados, a través de una hipoteca.

Durante la década de 1960, un grupo de jóvenes ingenieros y arquitectos graduados de la Universidad Nacional de ingeniería, UNÍ, trabajaban en las reparticiones públicas vinculadas a la cuestión barrial.
Los profesionales que trabajaban en estas reparticiones estaban directamente confrontados con las invasiones. Una vez terminado el enfrentamiento con la policía y ante el hecho consumado, levantaban un padrón de los invasores donde registraban a todas las familias que estaban en el terreno. Luego se encargaban de levantar un plano global del nuevo asentamiento que generalmente era una adaptación del damero a las condiciones topográficas, dejando espacios de reserva para equipamiento.

Estos profesionales también tenían otros encargos más Interesantes. Había ocasiones en las que se trataba de reubicar invasores o reorganizar viejos callejones. En estas circunstancias se trataba de planear nuevos asentamientos y se estaba experimentando bastante con estructuras modulares. La idea modular está presente en la formación básica de todo arquitecto y se basa simplemente en repetir un patrón para abaratar el costo de urbanización. Estos profesionales peruanos consideraban a Le Corbusier corno el gran maestro del urbanismo moderno, que junto a un nuevo concepto del diseño arquitectónico había impuesto el módulo como método.
En sus años de estudiantes, habían seguido los cursos del arquitecto Germán Trigoso, que era el principal difusor de lo modular en la UNÍ.

Uno de estos jóvenes profesionales era Jorge Carbonell, quien aparte de su formación profesional estaba al tanto del debate en las ciencias sociales. El ingeniero Eduardo Zeballos era el encargado de tratar con los invasores. El recuerda que sus responsabilidades incluían estimular la participación de la población en las tareas de remodelación de los barrios.
DESCO 1980 - Gustavo Riofrío Alfredo Rodríguez

En esa época, el Ministerio de Vivienda trataba regularmente con juntas de vecinos, que tenían en sus manos diversas responsabilidades en la urbanización de los asentamientos que se remodelaban.
El arquitecto Miguel Romero se encargaba del diseño espacial de los nuevos barrios y estaba prendado del diseño modular.
El era el menor de todos, tenía 24 años y ya había aplicado diversas modalidades de módulos a tres asentamientos barriales cuando recibió el mayor encargo de su vida: Villa El Salvador.

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Lima
entre
el 1800
y
el 1945
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Lima

entre
el 1945
y
el 1970
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Desde
los barrios
hacia
las barriadas
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Las
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